En esta semana, distintos medios de comunicación mal intencionados en Argentina declararon que la “Iglesia Mormona” habría pagado 4,5 millones de pesos a una víctima de abuso sexual con el objetivo de “tapar” el hecho.
Sin embargo, frente a estas acusaciones mediáticas, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Argentina emitió la siguiente declaración para aclarar y hacer frente a terribles acusaciones.
A través de la Sala de Prensa en Argentina, la Iglesia estableció los siguientes puntos:
- 1. A partir de la denuncia efectuada en el año 2017 por la familia de una joven se inicia inmediatamente una investigación penal por abuso.
- 2. Al tomar conocimiento de la denuncia, la Iglesia prontamente proporcionó amplia asistencia espiritual, profesional y económica a la víctima y su familia, en concordancia con las creencias y normas propias que son públicas y de fácil acceso a cualquier interesado.
- 3. En el transcurso de la etapa inicial de la investigación penal (2017/2018) la Iglesia y sus responsables eclesiásticos locales brindaron total y absoluta colaboración a los requerimientos del proceso judicial.
- 4. A mediados del año 2020 la Iglesia recibe una notificación respecto a un reclamo judicial de resarcimiento por vía civil de parte de la familia de la víctima. Por lo tanto, sin estar obligada y respetando la normativa que rige en este fuero, con el acuerdo de los padres de la menor y ella misma, los abogados de la familia y el asesor de menores asignado por el Ministerio Público, se firma y se homologa un acuerdo poniendo fin al requerimiento judicial civil en los términos solicitados por la víctima y su familia.
- 5. La naturaleza del asunto acordado exige principios de confidencialidad habitualmente utilizados que apuntan a preservar la intimidad de todas las partes evitando su revictimización.
- 6. Es incorrecto sostener que el acuerdo de referencia y su confidencialidad pudieran impedir a la víctima realizar una presentación judicial ya que la causa penal se había iniciado en 2017.
- 7. El actuar de la Iglesia siempre ha sido ajustado a la normativa vigente, por consiguiente el acuerdo antes mencionado fue tramitado en su totalidad por asesores jurídicos y no por responsables eclesiásticos locales. La alusión pública irresponsable y mención del Presidente de Estaca Alejandro Paolantonio y el Obispo Hector H. Herrador, los afecta de manera deliberada en su buen nombre y reputación. Desde su rol espiritual estas personas ofrecieron en todo momento su servicio voluntario para asistir a la víctima y su familia.
La Iglesia de Jesucristo lamenta con tristeza los motivos y decisiones deliberadas de personas que determinaron que hechos que ya se estaban investigando en el ámbito apropiado, que es el judicial, trascendieran a los medios de comunicación causando revictimización y afectando el buen nombre de personas inocentes.
Con todo lo declarado, una vez más, la Iglesia de Jesucristo demuestra su transparencia y compromiso por cumplir con lo establecido por la ley, pero sobretodo su deseo y empeño por ayudar y socorrer a los hijos de Dios en peligro o afectados por cualquier tipo de violencia.
